A juicio, agente que obstruyó localización de desaparecida

Bárbara fue secuestrada en Cuautitlán Izcalli el 8 de agosto de 2011 y durante los siguientes 20 meses permaneció en calidad de desaparecida, convirtiéndose el suyo en el primer caso de una menor de edad por la cual las autoridades de una entidad de la República, las del Estado de México, ofrecieron una recompensa a quien diera información para localizarla.

Todo ese tiempo, sin embargo, Bárbara estuvo en manos de las mismas autoridades mexiquenses que se decían dedicadas a su búsqueda, las cuales habían encontrado su cuerpo, sin vida, en octubre de 2011 –es decir, un mes y medio después de su rapto–, en un lote baldío de Cuautitlán, aledaño éste al municipio donde fue secuestrada.

Tan pronto como se halló el cuerpo, las autoridades del Estado de México determinaron que se trataba de un caso de asesinato, pero nada hicieron para identificar a la víctima, ni para buscar a los responsables de su muerte. La única acción emprendida por el agente encargado de la investigación fue remitir el cuerpo a una fosa común, con el argumento de que nadie la había reclamado.

Fue así que, en abril de este año y por investigaciones propias, sus papás pudieron al fin encontrarla en dicha fosa común y, ya con Barbie, como la llaman de cariño, la familia de esta adolescente, que contaba con 16 años al morir, se han planteado un nuevo objetivo: llevar a juicio al agente del Ministerio Público que recibió la encomienda de investigar quién era la mujer encontrada en Cuautitlán y quiénes sus homicidas, pero que no hizo nada al respecto, aquel que dio por “no identificada” a la menor que su misma corporación buscaba, y que, en la actualidad, denuncian, sigue laborando en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

“Este funcionario, cuyo nombre no es prudente citar, por el momento, porque eso podría entorpecer el proceso que se sigue en su contra –explica Alejandro Reyes, papá de Bárbara–, estaba adscrito al área de homicidios en Cuautitlán, y fue él quien recibió en 2011 el mandato de ley de buscar y tratar de obtener información sobre la víctima localizada el 1 de octubre, quién era, cómo había sido asesinada y quiénes eran sus homicidas. Sin embargo, cuando consultamos el expediente abierto por este agente del Ministerio Público, nos dimos cuenta que la carpeta está vacía, no hay nada, no hizo nada, sólo dejó pasar el tiempo y luego, en febrero de 2013, decidió mandarla a la fosa común en calidad de desconocida”.

Además, denunció el papá de Bárbara, este agente “sospechosamente extravió las evidencias que fueron recogidas del lugar donde fue hallada nuestra hija, como su ropa y otros objetos que, por el peritaje fotográfico del levantamiento del cuerpo, sabemos que fueron recopiladas por la autoridad, pero luego este funcionario las perdió, él fue el último que las tuvo en su poder, según la cadena de custodia, y ahora esas pruebas ya no están, lo que impide profundizar en la investigación sobre la identidad de sus atacantes y la forma en que le quitaron la vida”.

La búsqueda

Bárbara desapareció, narra su padre, luego de llegar de la escuela a su casa, misma de la que salió sin motivo aparente, por lo que, considera, de alguna manera fue engañada para que abandonara la vivienda.

Ese mismo 8 de agosto de 2011, a través del celular de Bárbara, sus captores se comunicaron con su familia para exigir dinero y diversos bienes por su devolución con vida.

Los secuestradores, sin embargo, no volvieron a comunicarse para pactar la entrega del rescate, y sólo dos meses después, en octubre de ese año (es decir, ya que las autoridades habían localizado, pero no identificado, el cuerpo de Bárbara), por medio de dos correos electrónicos le fue advertido a la familia que se encontraban vigilados, y les reclamaban abandonar el Estado de México.

Durante todo el año 2012, la familia de Bárbara demandó la ayuda de autoridades mexiquenses y federales, sin mayores resultados, se agruparon junto con otras 20 familias con hijos e hijas desaparecidos del Estado de México, para brindarse consuelo y reclamar juntos su presentación con vida, difundieron la búsqueda por medio de volantes e internet y, de hecho, el perfil de Facebook creado con este fin, llamado Ayuda a Barbie, ha servido desde entonces para divulgar no sólo el caso de esta menor, sino el de varios cientos más de personas de todas las edades también desaparecidas a lo largo del país.

“Y a principios de 2013 –narra don Alejandro–, empezamos la búsqueda por todos los Servicios Médicos Forenses del estado, uno por uno, tal como han hecho otras familias de desaparecidos, y así, en abril, pudimos dar con el cuerpo de una muchacha que, por su edad y características, coincidía con mi nena. Entonces fue que pudimos identificarla, estaba en una fosa común de Cuautitlán, en la que este agente que hoy enfrenta proceso la había condenado al olvido, y con lo que también brindó impunidad a sus atacantes.”

–¿A partir del hallazgo, y con base en sus propias investigaciones, ustedes, como familia, han podido llegar a alguna conclusión sobre la forma en que Bárbara fue asesinada? –se pregunta a su padre.

–Los exámenes que se hicieron al cuerpo luego de su levantamiento concluyeron que mi hija no murió en el terreno baldío donde fue encontrada, y también se determinó que llevaba en ese lugar entre 20 y 25 días, así que calculamos, aunque esto es sólo especulación, que mi hija permaneció con vida sólo algunos días luego de su secuestro, y luego fue asesinada. Sin embargo, no se sabe cómo la mataron, porque el agente encargado no realizó en aquel entonces las pruebas pertinentes. Lo único que hizo fue enviar algunos cabellos al forense, pero éste determinó que eran insuficientes, así que le solicitó más material biológico, pero el agente encargado ya no le envió nada, sólo dejó pasar el tiempo y luego la envió a la fosa común.

El juicio

La demanda en contra del agente que, faltando a sus responsabilidades de ley, omitió investigar el homicidio de Bárbara, fue presentada en abril pasado, tan pronto como los padres de la menor recuperaron sus restos.

Para explicar su proceder irregular, este agente –actualmente adscrito al municipio de Texcoco– fue citado ante el juez en agosto pasado, sin embargo, denunció el papá de Bárbara, “este funcionario no se presentó y, en cambio, llegó su abogado, aduciendo que su cliente no había sido notificado, lo cual es absurdo, ya que, si el cliente no sabía del citatorio, ¿cómo es que su abogado sí? Ante esto, el juez emitió un segundo citatorio, para el 13 de septiembre, y ahora sí se presentó el imputado, pero no fue su abogado, y con este pretexto la audiencia se canceló una vez más, sin que el juez emitiera ningún tipo de sanción ante lo que, evidentemente, es una estrategia dilatoria.”

Así, será el próximo 20 de septiembre cuando, nuevamente, este funcionario deberá acudir ante tribunales, en un proceso penal que, advirtió el papá de Bárbara, “no abandonaremos hasta alcanzar justicia, porque eso es lo que queremos. Si fuera venganza lo que yo busco, ya la habría tomado, pero no: lo que queremos es justicia real, que quede el antecedente de que esto no debe de pasar en México, lo que queremos es que no ejerzan funciones de procuración de justicia ninguna persona que no sea apta, que no esté capacitada o que esté involucrada en crímenes, y si son funcionarios que participaron o encubrieron algún delito, que paguen como tiene que hacerlo… queremos que esas personas que no saben, que no están capacitadas, o que no les da la gana hacer su trabajo, que se vayan, y que sólo queden en esos puestos personas que puedan y quieran ayudar, si no se hace así, esto seguirá creciendo: la impunidad es la base de sobre la que se cometen tantos secuestros y sobre la que se sustenta tanto sufrimiento en el Estado de México.”

Y así como luchan por una depuración de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, concluyó el papá de Bárbara, “ahora también luchamos para que los cambios se logren en el Poder Judicial, ahora la lucha es para que los jueces hagan su trabajo.”